El concejal de Los Verdes en Novelda (Alicante), Francisco José Martinez García (Garci), responsable del área de Juventud del Ayuntamiento, nos informa de la siguiente actividad. Está organizada por la Concejalía de Juventud, y estamos contentos de decir que ha contado con el asesoramiento de Informática Verde.
“Crear y difundir libres de la SGAE” – ACTIVIDAD CASAL JOVENTUT NOVELDA
Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Novelda se ha preparado un encuentro sobre la creación artística libre de los cánones de la SGAE, donde habrá música, proyecciones, relatos, etc. En el mismo participarán:
Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:
1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostradoampliamente
4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.
Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que enlaza a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos.
5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.
6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, esta no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda otra opción sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.
7 – Finalmente, consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.
La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la Ley Corcuera (o “Ley de patada en la puerta”).
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.
1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 Demandas legales, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);
2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);
3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);
4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);
5 – Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), la Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.
En defensa de los derechos fundamentales en Internet
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del Ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia, las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este texto se publica hoy en (esperamos) multitud de sitios web, ante la iniciativa del Gobierno de permitir el cierre de páginas web sin autorización judicial. Si estás de acuerdo, publícalo también a tu blog.
A través de Informática Verde, la eurodiputada austriaca de Los Verdes y experta en propiedad intelectual Eva Lichtenberger, se dirige a la comunidad internauta española para explicar lo que está sucediendo esta semana en Estrasburgo en la votación del Paquete Telecom. Lichtenberger coordina el trabajo de Los Verdes en el Parlamento Europeo relacionado con Internet, los derechos civiles en la red y la propiedad intelectual.
Eva Lichtenberger planea comunicarse con regularidad con los internautas españoles, e Informática Verde pone a su disposición la traducción y su blog tanto a ella, como a quien quiera comunicarse a su vez con Los Verdes, tanto en España como en el Parlamento Europeo.
Eva Lichtenberger
Carta de Eva Lichtenberger
Queridos amigos de España,
En breve, algunos detalles sobre las negociaciones finales sobre el Paquete Telecom:
El equipo verde ha realizado un gran trabajo. Desde luego que no hemos alcanzado un acuerdo que haya satisfecho todos nuestros objetivos, pero hemos logrado conseguir suficientes instrumentos legales en el texto para permitir una implementación en las leyes nacionales que pueda ir más aún en nuestra dirección. El texto legal aprobado finalmente es el siguiente (se puede consultar en la web del Parlamento: Propuesta de Directiva sobre Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas):
“Las medidas adoptadas por los Estados miembros relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en los principios generales del Derecho comunitario.
Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales sólo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías. Por lo tanto, dichas medidas sólo podrán ser adoptadas respetando debidamente el principio de presunción de inocencia y el derecho a la vida privada. Se garantizará un procedimiento previo, justo e imparcial, que incluirá el derecho de los interesados a ser oídos, sin perjuicio de que concurran las condiciones y los arreglos procesales adecuados en los casos de urgencia debidamente justificados, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Se garantizará el derecho a la tutela judicial efectiva y en tiempo oportuno.”
Ahora, después de la votación, comienza el verdadero desafío: ¡Tenemos que centrar nuestra atención en la implementación de esta directiva en los Estados miembros! Depende de nosotros influir en este proceso. Soy optimista y creo que podemos lograr en algunos Estados Miembros buenas soluciones que asegurarían un procedimiento correcto antes de cualquier intervención sobre la privacidad o sobre los derechos civiles en general.
Coordinaré la preparación de un folleto para informar a las fuerzas democráticas, las organizaciones no gubernamentales y a Los Verdes en los parlamentos nacionales sobre la capacidad de maniobra en sus respectivas legislaciones nacionales. Este folleto debe ser un buen instrumento para que todos nosotros podamos influir en los gobiernos nacionales y los parlamentos. Se desarrollará ahora después de la votación y se os enviará a todos vosotros.
Ahora mismo, otra cuestión interesante en el orden del día es una nueva oferta de la Comisión para exenciones en las leyes de propiedad intelectual para las bibliotecas y para personas con discapacidad visual. Adjunto algunos documentos interesantes, que fueron presentados en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI). En la misma comparecencia se habló también de la importante cuestión de los trabajos huérfanos, otro problema en las leyes de propiedad intelectual. Las propuestas presentadas también permitirían debates más amplios sobre los derechos de autor en general, lo que considero muy importante.
Los eurodiputados de Los Verdes en el Parlamento Europeo que tratamos temas relacionados con la “Informática Verde” hemos formado un grupo de trabajo al que denominamos “Internet Core Group”, que coordino. En la siguiente reunión de este grupo y en los próximos meses hablaremos sobre una especie de “Ley de Derechos Digitales” que también podemos discutir a través de la web, para preparar una iniciativa conjunta en toda Europa. ¿Qué os parece esta idea?
¡Mi siguiente carta será sobre las últimas noticias sobre ACTA!
España 18.8.09: “Tener una conexión a Internet de calidad ya no es un lujo, sino una necesidad, y debe de reconocerse como derecho universal”, afirma Sonia Ortiga
Ante el alto precio y la baja velocidad de los servicios de ADSL en España con respecto a otros países europeos, la Coordinadora Verde exige al Ministerio de Industria que actúe para reducir los precios de la banda ancha en España. Esta situación hace, a juicio de la coportavoz Sonia Ortiga, que el déficit tecnológico de España aumente pese a las promesas del Gobierno Zapatero que prometió cambiar el modelo productivo bajo el lema “menos ladrillo y más tecnología”.
“Demandamos igualmente a la Comisión Europea que tome la iniciativa y proponga una directiva que marque los precios máximos de las conexiones de banda ancha, de la misma manera que ya hizo con los precios del roaming de telefonía móvil”, declara Ortiga, quien añade que con esta medida se persigue seguir potenciando la movilidad y comunicación entre los estados miembros de la Unión Europea.
La Coordinadora Verde cita el estudio comparativo realizado por la Asociación de Internautas en el que se muestra que el ADSL en España es el más caro de la zona euro, y el tercero más caro de la UE. El precio medio en la UE de la conexión de banda ancha es de 31,48€ mensuales, mientras que en España asciende a 47,44€, siendo el tercero más caro de los 27 países de la UE.
La organización ecologista critica además la calidad de la conexión, “que deja mucho que desear, porque seguimos teniendo una banda ‘ancha’ lenta y cara”, por lo que reclama a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) que vigile que la aplicación que realizó de dos rebajas en los precios mayoristas se aplique igualmente en el recibo del ADSL de los consumidores.
Para Sonia Ortiga, “no es de extrañar que el Broadband Performance Index, indicador de la Unión Europea que mide el avance de la banda ancha y compara velocidad, precio, y uso de la conexión, coloque a España en la posición 19 de 29 países estudiados, 8 puestos por debajo de su ranking en 2008, lo que demuestra patentemente la situación abusiva bajo la que nos encontramos en España con el beneplácito del Gobierno. Es una situación totalmente injusta y socialmente insostenible ante una herramienta de investigación, estudio y trabajo, ya que la brecha digital sigue creciendo. La Coordinadora Verde considera necesaria la intervención del Gobierno para erradicar esta situación de abuso y de agravio intereuropeo”.
“Tener una conexión a Internet de calidad ya no es un lujo, sino una necesidad, y debe de reconocerse como derecho universal. Los trámites administrativos por Internet, el acceso al conocimiento y a la información, y el aumento de las posibilidades de participación ciudadana son otras de las razones que justifican esta petición“, afirma la coportavoz ecologista, que señala el apoyo de su organización a la campaña “ADSL más barato”, en la que más de 300.000 firmantes ya han expresado su petición de una rebaja incondicional del ADSL.
Informática Verde participó en la I Universidad Verde de Verano, organizando la plenaria sobre “El ataque global a los derechos civiles en la red”, y dos talleres, uno sobre “Introducción al software libre”, y otro sobre “Cómo usar las redes sociales para hacer política verde”.
De este segundo ofrecemos aquí la presentación que se realizó durante el mismo.
Los Verdes consideramos muy positiva la propuesta de dotar a los estudiantes de ordenadores personales pero creemos que deben dotarse de software libre, ya que de esa forma se reducirá mucho el coste de implantar dicha medida.
Un gasto inútil y una oportunidad de desarrollo local
La compra de licencias de productos Microsoft costará 100 millones de euros al año, que se van a pagar con los impuestos que aportamos todos y en estos momentos de crisis es un gasto absolutamente innecesario. Estos programas se pueden sustituir por programas gratuitos de código abierto, por los que no hay que pagar licencia alguna.
Los Verdes consideramos que el uso de estándares abiertos permitiría una mayor libertad de elección y unas comunicaciones más abiertas entre los ciudadanos y sus representantes y que si se redujera la dependencia de una sola empresa, se limitarían los riesgos a la seguridad y se respetaría la diversidad del sector europeo del software.
Además, para Los Verdes esta es una oportunidad para que las pequeñas y medianas empresas españolas se pongan a la cabeza en el desarrollo de software libre. Este sector es un motor de desarrollo económico con el que se crearían un número muy importante de puestos de trabajo.
Extremadura, un ejemplo a seguir
En España, tenemos el ejemplo de la Comunidad de Extremadura, que ha implantado Linux en los diversos niveles de la administración autonómica, así como en los institutos de enseñanza secundaria, que cuentan con un ordenador con software libre, por cada dos alumnos. Igualmente se ha introducido el uso de Linex (versión de Linux creada por el Gobierno Extremeño) en los colegios de primaria, y se han distribuido más de 200.000 CD’s con software libre. Se calcula que más del 10% de la población de Extremadura usa el sistema operativo Linex. Y todo esto sin pagar un euro de licencias a ninguna empresa privada, y desarrollando la economía local.
Hacer la informática más verde
Los problemas medioambientales de la informática son principalmente dos: el consumo eléctrico (que supone un 2% de las emisiones mundiales de CO2), y los residuos electrónicos (que son hoy el 4% del total de residuos europeo). Una informática más verde, por tanto, genera menos residuos, y cuanto menos consumo eléctrico tenga, mejor.
Para reducir las emisiones de CO2, proponemos que los ordenadores cumplan los estándares internacionales de eficiencia energética como 80-PLUS y Energy Star.
Por ultimo proponemos que se establezca una garantía de reciclaje. Es imprescindible que el proveedor de los equipos de una garantía de que va a reciclar los equipos una vez que estos queden en desuso.
En enero de 2009, hartos del pillaje, los ciudadanos lanzan un Gran Concurso popular en Twitter: En 140 caracteres piden la dimisión del ministro de cultura Cesar Molina que está regalando el derecho al acceso a la información a multinacionales y empresas privadas.
El 19 de marzo, día del padre (porque los piratas son los padres), los mejores eslogan aparecen recogidos en este video para que circule por toda la Red y deje claro de una vez que no queremos política en contra del bien común para el beneficio de unos pocos, ni queremos que nos quiten la mejor herramienta de comunicación de todos los tiempos, el P2P!
Con el video viene una guía para darse de baja de las operadores de ADSL que están dispuestas a vigilar a sus usuarios. Y también una guía para darse de alta en las que no.
Video-animación: Martin Fernández
Banda Sonora: La Màquina de Turing
Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo entre RedTel y las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dén tres avisos antes de que las operadoras de telecomunicaciones proveedoras de los servicios de Internet desconecten o ralenticen la conexión a Internet por usar redes P2P.
A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (“Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (“Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España”, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Estamos metidos en una batalla por defender nuestros derechos digitales de la agresión que hacen quienes quieren que sus beneficios económicos particulares sean lo más importante. Cada poco, hay una nueva agresión, en forma de amenaza a los internautas, que viene indistintamente del Gobierno o de la SGAE.
En esta ocasión, HispaLinux lanza una idea clara: los derechos de autor no pueden equipararse, y mucho menos prevalecer, sobre los derechos fundamentales. Informática Verde se adhiere a este texto y lo reproduce, para que conste.
Los Derechos de los Ciudadanos y el de los Autores.
"(…) bajo las condiciones existentes, los capitalistas privados inevitablemente controlan, directamente o indirectamente, las fuentes principales de información (prensa, radio, educación). Es así extremadamente difícil, y de hecho en la mayoría de los casos absolutamente imposible, para el ciudadano individual obtener conclusiones objetivas y hacer un uso inteligente de sus derechos políticos."
(Albert Einstein, ¿Por qué socialismo? Artículo publicado en Monthly Review, Nueva York, mayo de 1949).
El pronóstico de Albert Einstein fué constatado años despues en el Plan Estratégico de 1996-2001 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO), el cual advertía que si la concentración de la información, la comunicación y el soporte técnico quedaban en pocas manos, se resentiría seriamente la democracia en el mundo.
Desgraciadamente no previno que los intentos de equiparar los derechos de autor con la propiedad (lo que ha venido llamándose "propiedad intelectual") tendrían un efecto aún más perverso; la expropiación del conocimiento público, sufragado por toda la humanidad durante miles de generaciones y la apropiación del mismo por parte de personas que dicen tener "todos los derechos reservados" sobre su obra.
Como si no hubiera reutilizado conocimiento que a todos pertenece y del que nadie es, ni puede ser, su amo en exclusiva. Como si no hubiéramos sufragado todos, solidariamente, las estructuras que han hecho posible su aprendizaje, su bienestar y la posibilidad misma de vivir para poderla realizar.
Por otro lado la propiedad privada, en España, no es ilimitada por naturaleza, más al contrario; está sometida a la función social. El limite de la propiedad privada no es pues algo ajeno, exógeno o impuesto desde fuera sino que es algo consustancial a si misma y, por tanto, en el caso de los derechos de explotación de la obra (la mal llamada "propiedad intelectual") el derecho universal de acceso a la cultura supone el objetivo mismo de los derechos de autor (fomentar la creación para el aprovechamiento social).
Es por eso que nuestra Constitución en su artículo 44. establece que "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general."
Por tanto los Derechos de Autor no pueden equipararse a los Derechos Fundamentales, y menos, ser prevalentes sobre ellos.
En ningún caso la investigación, persecución o penalización de una infracción de derechos de autor puede suponer la conculcación de Derechos Fundamentales como los expresados especialmente en el artículo 18 y 20:
Inviolabilidad del domicilio (no se puede registrar nuestros equipos sin consentimiento u orden judicial).
Secreto de las comunicaciones (no se nos puede espiar o conocer los datos que intercambiamos los ciudadanos sin orden judicial).
Límite a la informática para preservar la intimidad familiar (no se puede hacer estimaciones estadísticas de tráfico que permitan saber nuestra actividad sin orden judicial).
Derecho a una comunicación libre: Que abarca nuestra Libertad de Expresión, producción y creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad nuestro acceso a la información y la cultura.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
Es por todo esto que la Neutralidad de Red es una obligación que deriva de los derechos fundamentales. Es decir, que los intermediarios deben mantenerse neutros y limitarse a conectar a proveedores de contenidos (sean personas físicas o jurídicas) con aquellos que deseen acceder a ellos sin jerarquizar, priorizar o penalizar dicha comunicación bajo ningún supuesto que no sea el de la voluntad del ciudadano. Y, por supuesto, garantizando el secreto de los datos que por sus redes circulan y siendo completamente escrupulosos con la privacidad e intimidad de las personas.
Sr. Rodriguez Zapatero, por favor comuníquele a su Ministro de Cultura y a su Ministro de Industria que su gobierno está empeñado en favorecer los derechos de los ciudadanos y que si no están por la labor, que al menos respeten su promesa de acatar la Constitución Española.
